La Ley 8968 de protección de datos personales rige en Costa Rica desde 2011. Cuando su organización adopta IA, los datos de clientes y empleados pueden salir del país, mezclarse con otros inquilinos o usarse para entrenar modelos públicos — todo sin la trazabilidad que la ley exige. Esta guía explica, en términos prácticos, cómo cumplir cada principio con infraestructura dedicada en territorio nacional.
La Ley N° 8968, “Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales”, fue publicada en La Gaceta el 5 de julio de 2011. Regula el tratamiento de datos personales en Costa Rica, tanto en el sector público como privado, y se inspira en las directrices de privacidad de la OCDE. Su supervisión corresponde a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
La ley define los roles de responsable (quén decide el tratamiento), encargado (quien lo ejecuta por cuenta del responsable) y titular (la persona a quien pertenecen los datos). En un proyecto de IA, su organización suele ser responsable; el proveedor de inferencia es encargado. Esa distinción determina quién responde si los datos se exponen.
La Ley 8968 establece principios que las herramientas de IA gratuitas o compartidas violan con facilidad. Conocerlos es el primer paso para elegir infraestructura que los respete.
El tratamiento de datos debe fundarse en una base legítima, como el consentimiento del titular o una habilitación legal.
Los datos solo pueden usarse para la finalidad informada al titular. Reutilizarlos para entrenar un modelo sin nueva base legal es un riesgo.
Solo se tratan los datos necesarios para el propósito. Minimizar los datos enviados a un modelo de IA reduce exposición.
El responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos contra acceso no autorizado o filtración.
Quienes acceden a datos personales están obligados a guardar confidencialidad, incluso durante el desarrollo y operación de sistemas de IA.
El titular debe poder conocer qué datos se tratan, con qué finalidad y por quién — un requisito de trazabilidad que la IA distribuida rompe con facilidad.
Los modelos de lenguaje procesan texto que, con frecuencia, contiene datos personales: nombres, correos, saldos, historiales. Cuando esa información viaja a un proveedor en el extranjero, se pierde el control sobre tres cosas que la ley exige demostrar:
Cada uno de esos puntos puede convertirse en una infracción documentable. La multa no recae solo en el proveedor; recae en el responsable del tratamiento: su organización.
Aunque la Ley 8968 no prohíbe toda transferencia internacional, exige que los datos personales solo salgan del país hacia jurisdicciones con un nivel de protección equivalente, o bajo las garantías que reglamente PRODHAB. En la práctica, para datos sensibles — salud, financieros, biométricos — la opción más segura y auditable es que permanezcan en territorio costarricense durante todo el tratamiento.
Residencia ≠ almacenamiento. Que un proveedor guarde copias en Costa Rica no basta si la inferencia ocurre en otro país. La residencia debe cubrir el procesamiento en vivo, no solo el reposo.
EmpresIA ejecuta inferencia en servidores dedicados ubicados en San José, Costa Rica. Los datos entran al modelo y salen de él dentro del país, sin replicarse a centros externos. Eso convierte la residencia en un hecho verificable, no en una promesa contractual.
El artículo de seguridad de la Ley 8968 obliga al responsable a aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo. En un entorno de IA, eso se traduce en controles concretos:
Un SaaS multitenant rara vez puede garantizar aislamiento a nivel de hardware. La infraestructura dedicada, asignada por cliente, lo hace por diseño.
La Ley 8968 reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Atenderlos requiere saber dónde está cada dato personal dentro del sistema de IA — algo imposible cuando la información se dispersa entre proveedores no identificados.
El titular puede preguntar qué datos se tratan. Con una plataforma corporativa, se puede responder con precisión sin depender del proveedor externo.
Corregir un dato implica poder localizarlo. La trazabilidad de conversaciones y documentos facilita la edición antes de re-procesar.
Suprimir datos requiere que no existan copias en proveedores externos. La residencia única simplifica la eliminación completa.
Un titular puede oponerse al tratamiento. Eso incluye oponerse a que sus datos alimenten un modelo — que se respeta cuando el proveedor no reutiliza entradas.
La Ley 8968 exige que el titular pueda conocer el tratamiento al que se someten sus datos. En IA, eso significa poder documentar: qué modelo procesó la consulta, qué datos ingresaron, quién autorizó el caso de uso y dónde ocurrió el procesamiento. Una plataforma que registra cada interacción permite reconstruir esa cadena; un servicio opaco, no.
La trazabilidad no solo protege al titular: protege a la organización. Ante una auditoría de PRODHAB, un registro central de modelos, accesos y consumos demuestra diligencia; su ausencia demuestra lo contrario.
Use esta lista como punto de partida antes de mover datos personales a cualquier sistema de IA, propio o de terceros.
EmpresIA ofrece infraestructura de IA dedicada en San José, Costa Rica. No es un SaaS compartido: cada cliente recibe servidores asignados, donde la información se procesa y almacena en territorio nacional. Eso se traduce en cumplimiento concreto, no en cláusulas:
Inferencia y almacenamiento en Costa Rica. Los datos no salen del país ni se replican a centros externos.
Infraestructura dedicada: la información de su organización no se mezcla con la de otros inquilinos.
Las consultas y documentos no se usan para entrenar modelos públicos. La finalidad del tratamiento se respeta.
Plataforma corporativa con accesos por rol, consumo medible y registros que facilitan atender derechos ARCO y auditorías.
Para datos sensibles — salud, financieros, jurídicos — la residencia única y el aislamiento por cliente reducen el riesgo a su mínima expresión. Para el resto, convierten el cumplimiento en un hecho demostrable, no en una esperanza.
Aviso: esta guía es informativa y no constituye asesoría legal. Para evaluar el cumplimiento específico de su organización, consulte a un abogado especializado en protección de datos y a PRODHAB. Las referencias a la Ley 8968 se basan en el texto publicado en La Gaceta el 5 de julio de 2011.
Evaluamos su caso de uso, su clasificación de datos y su necesidad de residencia para diseñar infraestructura dedicada en Costa Rica.